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¿Se puede valorar el daño psicológico? ¿Qué es la Psicología Jurídica? Dentro de la Psicología hay un área, la jurídica, que se centra principalmente en valorar hasta qué punto un determinado suceso ha influido o influirá en la génesis y mantenimiento de un trastorno posterior de tipo psicológico. Valora las secuelas de un accidente o de un hecho traumático, las consecuencias de un despido; e incluso interviene en procesos de familia como adopciones, patria potestad, etc. Cada
vez son más frecuentes los informes periciales para apoyar las demandas
de patria potestad o las solicitudes de adopción. Pero los más
comunes son: los que valoran las consecuencias de acontecimientos traumáticos
del tipo accidente de tráfico, peleas, abusos, violaciones, malos tratos...
y los que determinan si la persona que ha cometido un delito tenía la
“capacidad de actuar culpablemente”, o lo que es lo mismo si es imputable
o no el delito por el que se le acusa. Obtener argumentos que determinen
con claridad este último punto es complejo puesto que hay infinidad de
factores que pueden haber influido en el comportamiento.
Estamos
bastante acostumbrados a llamar al perito de nuestra compañía de seguros
cuando tenemos un accidente con nuestro vehículo. Un poco menos
común es que requiramos los servicios de un médico para que realice
una valoración del daño sufrido por el mismo accidente. Pero menos frecuente
es aún que acudamos a un
psicólogo para que realice un informe pericial sobre
la influencia que el
accidente ha tenido en nosotros: alteraciones
del habla, cambios afectivos, miedos intensos, agresividad, alteraciones
de la personalidad... El perito por medio de test psicológicos y entrevistas
personales deberá valorar en qué grado y con qué intensidad se producen
las alteraciones. En demandas a las compañías de seguros para obtener
una indemnización, el procedimiento más normal es el de presentar informes
avalando que el daño por el que se reclama efectivamente existe y es de
tal gravedad.
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En los países anglosajones es muy frecuente requerir informes periciales
a un especialista para estructurar y argumentar una demanda adecuadamente.
En España al ser una opción relativamente reciente hace que no estemos
familiarizados con éste tipo de recursos. Probablemente conocer nuestros
derechos y las posibilidades que nos ofrecen las leyes haría que consultáramos
a un psicólogo para apoyar nuestras solicitudes o reclamaciones de tipo
económico, penal, laboral o civil.
En los procesos de adopción el perito analiza la idoneidad de los adoptantes y valora el nuevo entorno en el que se encontrará el niño. Posteriormente seguirá la evolución de la nueva familia y prestará su apoyo para que se consiga una adecuada y plena integración. En procedimientos de declaración de incapacidad y minusvalía psíquica se valora hasta qué punto la persona está impedida para gobernarse por sí misma. Estas y otras funciones son las que puede desempeñar un psicólogo en el marco de la psicología jurídica. ¿Se había planteado alguna vez esta posibilidad?
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